El desarrollo legislativo y reglamentario de los artículos 3.1 y 3.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece un marco normativo que obliga a los poderes públicos a emprender las acciones adecuadas para que el uso del catalán, como lengua propia de Cataluña, se convierta también en el propio de las administraciones públicas catalanas. De este mandato no hay que excluir a las universidades que, como administraciones titulares de un servicio público, tienen su sede en el territorio catalán y están sometidas a las competencias y disposiciones que, en materia de enseñanza superior, corresponden a la Generalitat de Cataluña.